Una de las demandas de los pueblos indios es contar con un nuevo marco jurídico nacional que reconozca los derechos de los pueblos indígenas, con espíritu legislativo creador, que forje nuevas políticas y otorgue soluciones reales a los problemas. A partir de ello y tomando en cuenta los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas firmados el 16 de febrero de 1996, se propuso traducir textos de contenido de leyes, códigos, reglamentos, convenios y tratados, a fin de garantizar el conocimiento y acceso pleno a la justicia, además de distribuirlos y difundirlos por todos los medios posibles.
Edición bilingüe: español/tsotsil, tseltal, tojolabal, chol y zoque
Derechos humanos (32 pp)
Derechos de la mujer (58 pp)
Derechos del niño (84 pp)
Garantías individuales (128 pp)
Código penal federal (440 pp)
Ley federal para prevenir y sancionar la tortura (28 pp)
Control de incendios (76 pp)