AM3-CHIH-1-43

Prácticas sociales, rituales y actos festivos

Local

Grupo indígena rarámuri ó tarahumara de la Sierra Tarahumara, Chihuahua.

Las fuentes con que se cuentan para conocer los antecedentes de la organización política del grupo rarámuri provienen de la arqueología y sobre todo de las crónicas de los primeros misioneros y evangelizadores jesuitas en la Sierra Tarahumara en la primera década del siglo XVII. El presente modelo de organización política rarámuri es una combinación de las pautas precolombinas del grupo y de las formas introducidas por el sistema colonial novohispano. Este logró consolidarse en la mayor parte del territorio serrano habitado por este pueblo, especialmente en los pueblos de mayor influencia jesuita. La configuración de este sistema político se realizó desde los primeros años del siglo XVII hasta 1767, con el mandato real de expulsar a la orden ignaciana del territorio de la Nueva España (Morales, 2005). Las misiones de la Sierra Tarahumara quedaron hasta el primer tercio del siglo XIX a cargo de la Orden Franciscana y el clero secular de Durango. La actividad económica fundamentada en un sistema forrajero y protoagrícola, un patrón de asentamiento disperso y de movilidad estival de la cumbre a la barranca permitieron que se desarrollara una estructura política descentralizada, basada en órdenes de parentesco, con jefaturas administrativas y liderazgos militares temporales que dependía de los principales o caciques en tiempos de paz, y de líderes guerreros en tiempos de conflicto (Deeds, 1992 y Gotés, 1988 en Morales, op. cit). Estas formas de autoridad tenían una duración en función de eventos específicos, por lo que no poseían un carácter permanente. El principal rarámuri, por ejemplo, no tomaba decisiones ni daba órdenes por sí mismo, en todo caso coordinaba actividades cooperativas comunitarias y actuaba como mediador en caso de disputas. Los líderes guerreros tenían delegada la función de dirigir contingentes en determinados objetivos bélicos. La organización rarámuri podía articular a la población en varios segmentos territoriales para enfrentar a otros grupos, sobre todo los ódamis con quienes mantenían frecuentes enfrentamientos. Los principales o caciques y los líderes guerreros, quienes se identificaban por la lanza que portaban, mantenían reuniones y consultas denominadas tlatoles. Ahí se trataban asuntos de interés comunitario y bélico. El owirúame o curandero también contaba con influencia y poder ritual y político. Su capacidad de mediación con las divinidades y sus conocimentos médicos, le dotaban del poder de conducir rituales que definirían el éxito de la salud, la caza y las actividades hortícolas del grueso de la población, por lo cual era tanto respetado como temido (González, 1987 y Hillerkuss, 1992 en Morales, op. cit). En general, grupos como los chínipas, témoris, guazapares, varogíos, pimas, tepehuanes, tarahumaras, conchos, jobas y tubares contaban con numerosos caciques con jurisdicciones geográficas que comprendían varias rancherías o asentamientos dispersos. Había caciques para tiempos ordinarios de paz y jefes militares en tiempos de guerra. Entre los caciques existían jerarquías y las autoridades se caracterizaban por su avanzada edad (Íbid). Durante el proceso evangelizador, los principales objetivos se enfocaban en concentrar a los rarámuri en pueblos de misión, en introducir las prácticas económicas como la ganadería y la agricultura, así como la doctrina católica, y en lograr una producción agrícola suficiente para la satisfacción de las necesidades de las misiones y de otros centros de población colonial. Para que estas metas pudieran ser alcanzadas los religiosos formaron entre los indígenas cuerpos de gobiernos en todos los pueblos misionales con el objeto de mantener el orden y verificar el cumplimiento de las actividades encomendadas a la población congregada. En el sistema jerárquico introducido por los jesuitas, los oficiales a cargo observarían el buen comportamiento en los ámbitos civil y religioso. Este esquema tenía definidas por un lado las funciones civil y jurídica, cuya responsabilidad recaía en los gobernadores nativos, junto con sus auxiliares, alcaldes, generales, alguaciles, capitanes y soldados. Por el otro lado serían los fiscales, fiscales mayores, doctrineros, temastianes, maestros y tenanches quienes se encargarían de las funciones religiosas, particularmente lo concerniente a la iglesia o templo, y al adoctrinamiento católico de la población. Su nombramiento recaía en los rarámuri de mayor prestigio entre su gente (León, 1992; González, op. cit, Morales, op. cit). Estos cargos fueron ocupados por líderes, caciques, principales, y en ocasiones curanderos, en buena medida dada su capacidad de influir a su pueblo. A las nuevas autoridades se les hacía entrega de una vara o bastón como símbolo de mando e insignia del cargo ostentado. Antes de la instauración de este modelo, las autoridades que portaban lanzas se conocían como selígame, que significaba portador de lanza (de selaka, lanza). A partir de este hecho, en el sistema alentado por los jesuitas, al gobernador se le nombró siríame, y al cuerpo de gobernadores, serígame. El resto de los cargos provienen de un castellano raramurizado ó del náhuatl, con variantes en cada pueblo, como pueden ser fiscali, capitáni, sontari, alguasi, genrali, mayora ó mayori, mestro, temastián y tenanche. Con el fin de convencer para la aceptación de un cargo a las personas con características de líderes se recurría a prebendas ó prerrogativas (comida, vestido, herramientas, tierras, ó ganado) (Bennett y Zingg, 1986; León, 1992; Morales, op. cit). Los primeros nombramientos fueron dirigidos a cubrir las funciones de la administración religiosa, pero paulatinamente fueron introducidos otros cargos relacionados con el mantenimiento del orden ó la policía interna de los pueblos de misión. Responsabilidades relativas a la seguridad, como alcaldes, generales y soldados se incluyeron hasta la segunda mitad del siglo XVII. Estos cargos se encontraban basados en los esquemas de mando de los conquistadores, y comenzaron a implantarse entre los años 1630-1640. En las últimas décadas del siglo XVII, con la ausencia de los jesuitas en el territorio, los nombramientos de las autoridades ya eran efectuados por los propios rarámuri por medio de una consulta general. La acción evangelizadora y colonial no siempre fue bien recibida por la población nativa, por lo que frecuentemente se daban acciones de resistencia tanto pacífica como bélica, así como el repliegue hasta territorios de difícil acceso. La población que se resistió culturalmente a la evangelización fue calificada por los jesuitas como gentil, pagana o cimarrona. Estos pueblos aceptaron muchas de las prácticas religiosas del catolicismo, y particularmente rechazaron los sacramentos del bautismo y del matrimonio. En cuanto al sistema de gobierno, los gentiles adoptaron algunas funciones y dejaron de lado las que cumplían con obligaciones religiosas. En la actualidad aún existen pueblos gentiles como los de Choreachi y otros del ejido de Aboreachi. Por otro lado, durante el siglo XVII, en los periodos ocurridos entre 1646-1653, y la década de 1690, ante los excesos e imposiciones de la acción colonial ocurrieron un conjunto de levantamientos que fueron finalmente apaciguados y no representaron amenaza alguna al orden político de la Nueva Vizcaya (González, 1994, 1987; Kennedy, 1970). A pesar de las dificultades para establecer un sistema de pueblos, de la insubordinación oculta hacia las autoridades hispanas y del poco control efectivo que éstas lograron sobre los habitantes de la Sierra Tarahumara, el modelo político impuesto por los misioneros aún sigue teniendo vigencia en los pueblos de la región. Más que como una imposición, este fenómeno se nos presenta como un proceso de adaptación por parte de los propios indígenas (Saucedo, et al, inédito).

Actualmente, la población rarámuri o tarahumara se distingue por practicar una alta movilidad entre los diversos nichos ecológicos en los que habita y en los que suele tener varios asentamientos (o construcciones domésticas) que le permiten disfrutar los beneficios naturales a los que tienen acceso: parcelas, mawechi (sistema de terrazas para la producción agrícola de tipo tumba roza y quema), fuentes y corrientes de agua, acceso a los pastos de uso común entre los vecinos, así como mejores condiciones de adaptabilidad a cada subregión del ganado menor que suelen tener; y todo ello, de acuerdo a las estaciones y sus climas así como a la lógica de los calendarios agrícolas respectivos (Spicer, 1962; Martínez et al, op. cit). Con todo y las llamadas particularidades culturales de los pueblos indígenas de la Sierra de Chihuahua, estos comparten una característica común para asegurar su sobrevivencia: la estructuración de un territorio étnico en pueblos principales o cabeceras (pudiendo éstas coincidir o no con un territorio ejidal o comunal) que constituyen el centro de pequeños asentamientos dispersos, llamados comúnmente ranchos, rancherías y/o parajes. Estas unidades se encuentran organizadas por autoridades propias, cuyas funciones primordiales son las de impartir justicia, preservar las costumbres, organizar y coordinar la actividad cotidiana de estos conjuntos, así como las actividades de ayuda mutua comunitaria, mantener el orden, regularizar la lealtad social y, aunque de manera no reconocida formalmente por el Estado de derecho nacional, de representar a sus pueblos ante las autoridades no indígenas (Martínez et al, op. cit). Este sistema político de gobierno indígena es común y lo comparten en distinta medida los grupos étnicos de la Sierra Tarahumara; se encuentra sustentado en una clara concepción de su ámbito de influencia territorial: los pueblos principales o cabezales en los que se localiza la iglesia o espacio ceremonial, constituyen el centro o núcleo de una constelación de ranchos de pequeños asentamientos dispersos, conectados entre sí pero fragmentados. El centro conforma así un sitio preferencial en donde la población se reúne para el nawésari (sermón, consejo, discurso, hablar a modo, emitido por el gobernador o autoridad indígena, la impartición de justicia y otras rutinas de cohesión social con las que estos grupos culturales se identifican. A este espacio étnico los indígenas lo perciben y demarcan como su espacio de asentameniento y residencia que les fue donado originalmente por sus ancestros (Martínez et al, op. cit). Esta estructura de autoridad compuesta por un siríame/serígame entre los tarahumaras; por el onagüishigam entre los o'oba (pima); por el kaïgi/moyï entre los o'dami (tepehuanos) o el saquitán entre los warijó (guarijíos), es auxiliado en su trabajo por generales, kaitanes, warúalas, tenientes, soldados, kakabos, mayori, phiscari, comisarios, etcétera, términos todos extraídos originalmente de la nomenclatura colonial española pero hoy culturalmente autoctonizados. Estos funcionarios políticos indígenas denominados “empleados” son designados por el principal, pero con el consenso de los propios grupos, son nombrados en las rancherías y en el pueblo principal basándose en tres principios: el prestigio adquirido por la conducta de servicio a los vecinos; la distribución de los cargos entre la distribución territorial de las rancherías, y la alternancia generacional y geográfica (los de arriba y los de abajo) en el ejercicio del poder. Este complejo sistema de organización territorial y política ha permitido que los pueblos indígenas de la sierra de Chihuahua mantengan cohesión social y reproduzcan los valores éticos e históricos de su tradición cultural (Urteaga, 2001 en Martínez et al, op. cit). Los principios que rigen el gobierno indígena provienen de un orden cultural alterno. En el que no existe la separación formal entre lo civil, lo religioso y lo político; la tradición está por encima del contrato social; los derechos individuales se conciben en el marco de la colectividad; se elige a la autoridad a partir del prestigio social adquirido por el servicio a la comunidad; en la toma de decisiones opera el criterio del consenso y no únicamente el de la mayoría; la justicia se imparte de acuerdo con la tradición oral y las autoridades mantienen hacia el grupo una lealtad primordial y su ejercicio puede ser revocado en cuanto deje de cumplir con las expectativas. Las decisiones de los pueblos indígenas de la sierra, una vez consensuadas, adquieren un carácter de obligatoriedad social y, por supuesto, su transgresión es motivo de drásticas sanciones comunitarias (Urteaga, op.cit. en Martínez, et al, op. cit).

Descripción de la estructura del gobierno del pueblo de Cusárare, municipio de Guachochi. Cada pueblo rarámuri, compuesto por varias rancherías, es una unidad política al contar con su propio sistema de gobierno. Sin embargo, como se menciona anteriormente, aunque todos los pueblos de esta región adaptaron su propio sistema a partir del encuentro entre el modelo cultural precolombino y el introducido por los jesuitas, cada pueblo tiene sus propias especificidades, por lo que difícilmente dos esquemas de autoridad podrían llegar a ser idénticos. Para ilustrar los cargos que conforman un sistema político rarámuri se empleará el ejemplo de Cusárare. Este sistema de gobierno está conformado por un conjunto de 15 puestos de autoridad, aproximadamente, que se pueden clasificar en tres bloques: autoridad política, autoridad religiosa y autoridad festiva, aunque no del todo separadas unas de otras. De hecho, existen ciertos traslapes con autoridades del orden civil o agrario como podría ser la íntima relación del presidente del comisariado ejidal o del comisario de policía con las asambleas dominicales. El espacio por excelencia para el desempeño de las autoridades indígenas de Cusárare es la reunión dominical de cabildo, que es el nombre que se le otorga en Cusárare a la asamblea o reunión de todos los miembros adultos de las distintas rancherías pertenecientes al pueblo, donde se toman decisiones concernientes a los asuntos públicos, que atañen a la colectividad. Los asistentes conforman la asamblea que es la máxima autoridad en el sistema de gobierno. El gobernador facilita la discusión y alienta la toma de decisiones. El espacio que actualmente se emplea para las reuniones de cabildo es la parte contigua al atrio, frente al templo y justo donde se encuentra la horqueta de castigo en desuso y las nuevas instalaciones del comisario de policía. Después de la misa y el nawésari, los asistentes toman asiento en los durmientes acomodados a manera de bancas, las autoridades frente a la asamblea, dividida esta a su vez en hombres y mujeres. Aunque el idioma empleado en las reuniones es el rarámuri, las discusiones cambian repentinamente al español sin una lógica aparente al fuereño, no obstante, durante las visitas de funcionarios de los tres niveles de gobierno, técnicos forestales y otros intermediarios, la comunicación se desarrolla en castellano, salvo durante la toma de decisiones que se desenvuelve preponderantemente en rarámuri. Aunque existe un desplazamiento lingüístico parcial, el idioma rarámuri permanece y se dan a entender de ambas formas. En el cabildo tienen también lugar la formalización de uniones de parejas dirigidas por el mayori, y la aplicación de la justicia sobre infractores que violan las normas comunitarias fundamentales (Saucedo, et al; op. cit). Cada uno de los cargos tiene un periodo de duración que varía de acuerdo a la responsabilidad, aunque existen otros que son de carácter vitalicio como el de algunas autoridades festivas. Una vez cumplido el plazo, la autoridad anuncia su retiro y comienza el cabildeo. Las candidaturas surgen de propuestas de la asamblea aparentemente espontáneas. Frecuentemente la primera propuesta es aceptada por la asamblea y por la persona involucrada, a menos que por sus responsabilidades laborales o familiares considere no tener la disponibilidad o surjan otras propuestas. En este último caso se comienza un proceso de diálogo hasta que se llega a un consenso. Aceptar una función muchas veces implica el cambio de domicilio de la nueva autoridad al pueblo cabecera, lo anterior dependiendo de la naturaleza de la encomienda, como la custodia del templo o de la tienda comunitaria Diconsa, por dar dos ejemplos (Ídem). Asimismo, cada cargo está compuesto por la autoridad grande o warú y un grupo de tres, cuatro o seis -dependiendo del tipo de responsabilidad- autoridades “chiquitas” ó ta biré. Usualmente la autoridad warú supera en experiencia y edad a las ta biré, y estas últimas a menudo trabajan sin tener el nombramiento oficial respectivo. Los bastones o bordones de las autoridades de Cusárare, conocidos en rarámuri como cusí, son de madera de pinabete, chochoboko, wichaboko (pinus spp), ureke, usaábi (capulín) y wiluusi (madroño ó arbutus arizonica). Los bastones se distinguen por los casquillos metálicos que traen en las puntas, y el color que traen pintado, además de los listones que les cuelgan. Los periodos de la mayoría de los cargos se encuentran desfasados, es decir que, salvo las autoridades que tienen una responsabilidad de por vida, la elección de cada autoridad se desarrolla en periodos diferentes. Lo anterior da por resultado que el cambio o renuncia de uno o varios miembros del sistema de gobierno no desestabiliza la estructura. El funcionamiento del sistema no depende de ningún cargo y la responsabilidad en su ejercicio parece ser más individual que colectiva, por ejemplo, el gobernador difícilmente se responsabiliza por las faltas de otros funcionarios. La ausencia de un funcionario no afecta al sistema mientras prepare y organice previamente a los suplentes. Sin embargo, dos ausencias continuas sin aviso, pueden llevar a una seria merma en su legitimidad y a posibles sanciones (Ídem).

Las funciones primordiales de este sistema de organización son las de impartir justicia, preservar las costumbres, organizar y coordinar la actividad cotidiana de las comunidades, así como las actividades de ayuda mutua comunitaria, mantener el orden, regularizar la lealtad social y, aunque de manera no reconocida formalmente por el Estado de derecho nacional, de representar a sus pueblos ante las autoridades no indígenas.

Los antecedentes históricos muestran que la diversidad étnico-cultural en la Sierra Tarahumara data desde tiempos precolombinos, y desde la época temprana del contexto colonial esta región ha albergado un modelo impositivo de relaciones orientado a la explotación de los recursos naturales con fines mercantilistas por una minoría étnica. Actualmente en el modelo de relaciones interétnicas establecido coexisten intereses y visiones del mundo contrastantes, que han dado lugar a una configuración de negociaciones, conflictos, resistencia e imposiciones. En este esquema de relaciones de poder la población indígena difícilmente se encuentra en una posición favorable para sacar adelante su postura frente a la común alianza clientelar mestizo-gubernamental. Los intereses estatales se han orientado al despliegue de un modelo de desarrollo (turismo, indigenismo, minería, explotación forestal, infraestructura, etc.) que satisfaga algunas necesidades sociales, la opinión pública, pero prioritariamente a los intereses económicos de élites y aliados políticos. Por otro lado, la mayoría mestiza y sus liderazgos acaparan su papel de intermediarios ante las oportunidades económicas que representa la inversión gubernamental y privada y se presenta en una posición ventajosa y desigual ante la población destinataria de los programas, entre los que se encuentra de manera destacada la población indígena. Este entramado de intereses comunes ha dado lugar por décadas a proyectos y programas donde es necesaria la fuerza de trabajo, los recursos naturales, el territorio (las más de las veces propiedad común) y ahora recursos intangibles como el paisaje, la cultura y el conocimiento ambiental de los pueblos indígenas para materializar megaproyectos que harán posible la circulación de capital. Otras veces la misma necesidad de capital hace que sea el indígena quien fuera de sus fronteras étnicas busque oportunidades de empleo temporal como jornaleros agrícolas, en la industria de la construcción o en otras opciones en contextos urbanos precariamente remuneradas. De esta manera, el indígena ha participado en estas iniciativas resistiendo, adecuándose o bien coercionado por actores dominantes, lo cual ha influido de manera determinante en lo que ahora conforma su identidad, su cultura y el patrimonio cultural que poseen. Sin embargo esta acción de instituciones y caciques actúa crecientemente en menoscabo de instituciones culturales ancestrales como son algunas formas de patrimonio cultural que dan cohesión, organización y capital social, como pueden ser las costumbres del kórima, y su sistema de reciprocidad de trabajo, como las faenas, las celebraciones, los rituales religiosos y festivos, la danza y música que la acompañan, los deportes, así como el sistema médico, y como elemento cohesivo y moneda de intercambio de todas estas actividades, el tesgüino, regalo de onorúame (el que es padre) para que el rarámuri esté siempre contento y continúe sosteniendo los pilares del mundo. A la intervención gubernamental directa se añaden las figuras de representatividad corporativistas impuestas por organismos como los “consejos supremos” indígenas, en sus múltiples modalidades, que empalman y muchas veces suplantan a las autoridades indígenas a partir de intereses claramente político-partidistas. Las instituciones indigenistas como la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Coordinación Estatal de la Tarahumara, así como una diversidad de consejos consultivos que convocan líderes indígenas para actuar en representación de comunidades y pueblos, o la propia Iglesia que a través de sus internados, seminarios y otras instituciones educativas crean intermediarios culturales que sustituirán al gobernador o siríame (para el caso rarámuri), en su papel de mediador con el estado y gestor ante otras instancias públicas o privadas. Por otro lado, ante la falta de oportunidades económicas y de empleo de la región, la alternativa de muchas familias ha sido la práctica del narcocultivo (mariguana y amapola), que les permite un ingreso muy por encima de otras actividades económicas lícitas, pero que ha sumido a las comunidades y en gran escala a la región Tarahumara en una dinámica de violencia y narcocultura donde el consumo de drogas, la migración de los jóvenes y el abuso a los derechos humanos por autoridades y delincuentes son sólo algunos efectos secundarios de esta dinámica. Estos procesos sociopolíticos tienen su correlato en la esfera económica de la población indígena serrana. En términos de bienestar socioeconómico los pueblos indígenas de México se encuentran en una situación desfavorable para desenvolverse libremente de acuerdo a sus capacidades y a su propio proyecto civilizatorio. Por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano de los pueblos indígenas de México se ubica en 0.7057, a diferencia del IDH de la población no indígena que es de 0.8304, lo que significa una distancia en Desarrollo Humano de casi 15% entre indígenas y no indígenas. Estas brechas continúan en los componentes, de educación, salud, género, ingreso, desigualdad interétnica en porcentajes desde 13% a 17% de diferencia entre población indígena y no indígena (CDI/PNUD, 2006A: 7). La Sierra Tarahumara presenta importantes rezagos frente al resto del país. Diez de sus doce municipios son de muy alta marginación y el resto es de alta (CDI/PNUD, 2006B). Para el año 2000, la totalidad de los municipios de la Sierra Tarahumara se encontraban por debajo de la media nacional para pueblos indígenas (CDI, 2000). De hecho, la desigualdad interétnica registrada en el estado de Chihuahua (26.1%) es las más importante del país, al igual que en el ramo educativo, donde el índice de educación indígena es 34.1% menor que el no indígena. Hablando en términos de regiones indígenas, la Sierra Tarahumara tiene el nivel de Desarrollo Humano más bajo del país, que es menor en 49.1% del promedio nacional (CDI/PNUD, 2006A: 7-11). Estas cifras nos muestran un territorio que a partir de sus condiciones sociales, históricas y políticas han llevado a su sociedad a polarizarse y a marginar a un sector por sus mismas condiciones étnicas. Un lugar donde no sólo los niveles de Desarrollo Humano son los más bajos del país, sino que a ello se agregan los más altos índices de desigualdad interétnica. Adicionalmente, Chihuahua es un estado que hace frontera con Estados Unidos y que por el modelo de desarrollo maquilador adoptado se encuentra entre los de más elevado crecimiento económico en el país. Los retos que se presentan al proyecto cultural de este sector son de mucha complejidad, pues si bien han sabido insertarse en el contexto intercultural y mantener su identidad, también es cierto que la influencia de la sociedad industrial-capitalista, fortalecida en el contexto neoliberal, se vuelve de manera creciente más opresiva a las sociedades campesinas y deja poco margen de poder de decisión a los pueblos indígenas en prejuicio de su cultura y sus derechos colectivos.